Con fecha 10 de enero de 2025, se publicó la Resolución No. 008-2025-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, emitida por el Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante la cual se establece que en el caso de 'derivar' la denuncia presentada por la persona hostigada a los establecimientos de salud, el procedimiento no se agota únicamente con el hecho de comunicar a la víctima el centro de salud al que puede acudir, sino que se debe garantizar una efectiva atención de la víctima.

En el caso en concreto, una trabajadora presentó su denuncia sobre hostigamiento sexual al área encargada; su empleador opta por derivar la denuncia a un centro de salud privado, al no contar con un canal de atención propio, brindando el número telefónico del centro de salud a la víctima.

Conforme a dicho contexto, la Autoridad Inspectiva determinó que existió una conducta infractora por parte del empleador, al no cumplir con “derivar” a la víctima a los canales de servicio públicos o privados de salud a los que pueda acudir después de la denuncia presentada por hostigamiento sexual, imputando la infracción Muy Grave tipificada en el numeral 25.25 del artículo 25 del RLGIT.

El TFL sostiene que, el sentido del numeral 17.1 del artículo 17 del RLPSHS, es claro, en cuanto dispone que el órgano que recibe la queja o denuncia debe poner a disposición de la persona hostigada los canales de atención médica, física y mental o psicológica, con los que cuente para el cuidado de su salud integral. Asimismo, la norma señalada, autoriza que la persona hostigada opte por aceptar o renunciar a los referidos servicios, debiendo para dicho fin, constar en el “acta de lectura de derechos” debidamente refrendada por la persona hostigada (firma y huella).

En ese sentido, el hecho imputado por la inspección de trabajo y las instancias de mérito se reduce a no haber “derivado a la víctima” a un centro de salud público o privado. Sin embargo, del expediente inspectivo se verifica que la Compañía informó, a la trabajadora afectada del hostigamiento sexual, sobre el centro privado, siendo que se cuenta con conversaciones que acreditan que la trabajadora afectada no solo se comunicó con el centro privado de salud para recibir atención psicológica, sino, también, que realizó coordinaciones con ésta para que sea atendida y escuchada por parte de dicha institución.

Finalmente, se advierte que solo se ha imputado a la Compañía el no haber acreditado con “derivar” a la víctima al centro de salud, la cual si bien no solo se agota con la comunicación del centro de salud al cuál puede acudir, sino con la efectiva “derivación”, esto es, la concreción de la atención. Supuesto de hecho que la Compañía ha cumplido con acreditar con los medios presentados como “contraprueba” las cuales no han sido desvirtuadas por las instancias de mérito ni negado su validez ni eficacia. (Fundamentos 6.7, 6.8, 6.10 y 6.13)

Con fecha 10 de enero de 2025, se publicó la Resolución No. 006-2025-SUNAFIL/TFL-Primera sala, emitida por el Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante la cual se establece que, estando ante una motivación aparente y sustancialmente incongruente, esto no permitiría convalidar el acto administrativo, pues resulta en un vicio trascendente y no comprendido en las causales del artículo 14 del TUO de la LPAG, por lo cual el acto deviene en nulo.

En el caso en concreto, una trabajadora presentó su denuncia a fin de que se investigue el cumplimiento de las normas sociolaborales en materia de remuneraciones (remuneración mínima vital) y contratos de trabajo (formalidades), para lo cual se dio inicio a las actuaciones inspectivas derivada de la Orden de Inspección No. 760-2021-SUNAFIL/IRE-LIB.

Conforme a dicho contexto, la Autoridad Inspectiva determinó incumplimientos a la normativa en relaciones laborales, en específico por incumplir formalidades de contrato de trabajo (tiempo parcial), por incumplimiento de pago íntegro y oportuno de la RMV; imputando la infracción Muy Grave tipificada en el numeral 25.21 del artículo 25 del RLGIT.

El TFL sostiene que, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo, esto se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados el exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

Ante lo expuesto, se evidencia que el Inspector comisionado no define si la trabajadora tenía o no la condición de trabajadora a tiempo parcial, dado que en caso así fuera, no hubiera sido obligatorio otorgarle una remuneración mínima vital, sino un monto proporcional. Por el contrario, si en todo caso, tuviera un contrato a tiempo completo, entonces, no sería lógico ni congruente que se le haya propuesto sanción por no celebrar por escrito un contrato a tiempo parcial.

Es decir, ambas infracciones son excluyentes una de la otra, ya que el empleador no está en la obligación de pagar a un trabajador a tiempo parcial la totalidad de la remuneración mínima vital y, por otro lado, con un trabajador a tiempo completo, el empleador no está en la obligación de celebrar por escrito el contrato de trabajo.

En consecuencia, se denota que el Inspector actuante no motivó de forma congruente la existencia de ambos supuestos infractores, relacionados a la falta de celebración de un contrato escrito a tiempo parcial y la falta de acreditación del pago de la remuneración mínima vital. Por lo tanto, se encuentra acreditada la vulneración al debido procedimiento, sustentado en una motivación aparente y sustancialmente incongruente, siendo que el vicio resulta trascendente y no comprendido en las causales taxativamente consideradas en el precitado artículo por no tratarse de una motivación insuficiente o parcial sino una aparente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, el acto deviene en nulo. (Fundamentos 6.6, 6.17, 6.18, 6.21 y 6.27)

Mediante la Resolución de Superintendencia N° 304-2024/SUNAT, se atiende la Resolución de Superintendencia N° 271-2019, donde se establece las disposiciones y formularios para la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta y del Impuesto a las Transacciones Financieras y; además, se aprueba el cronograma de vencimiento correspondiente al ejercicio fiscal 2024. 

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